Hoy mismo, cuando en la Audiencia Provincial se juzga un caso en el que colea el empadronamiento irregular de un jugador del Monterrei en una vivienda de Albarellos, acaba de conocerse y confirmarse una nueva irregularidad del consistorio que preside José Luis Suárez Martínez. Según ha podido saber esta redacción, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en sentencia 230/2022 de fecha 27 de mayo de 2022, confirma íntegramente la dictada contra el Concello de Monterrei por el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo número 1 de los de Ourense, de fecha 25 de octubre de 2021, y deja sin efecto la permisibilidad del cambio de uso de granja avícola al de la estabulación de ganado vacuno, reiterando que "tratándose de establecer un nuevo uso es necesario respetar la distancia mínima que dispone el artículo 39 de la Ley del Suelo de Galicia en la letra G y que establece que las explotaciones ganaderas sin base territorial han de ubicarse a una distancia superior a 500 metros de los núcleos de población y a más de 100 de la vivienda más próxima (...)", algo que en el presente caso, como así consta en un informe técnico, no se respeta.
El fallo da al Concello de Monterrei otro tirón de orejas más, al considerar que eludió modificaciones importantes en la granja en cuestión, justificándolas el consistorio como desajustes mínimos y algunos "involuntarios", además de considerar sus técnicos que "las instalaciones de depósitos de purines, silos y almacén no alteraban la configuración de la nave original para hacer inviable su autorización". Según el alto tribunal gallego, "no merecen la consideración de desajustes mínimos el almacén anexo a su fachada o la fosa de purines adosada a la otra fachada, respecto de las cuales no consta acto autorizatorio alguno. La cota de la nave no se corresponde con la licencia de obra -elevándose en 1,5 metros de la que figura en el proyecto- y tampoco la cubierta se corresponde con la autorizada, sin que conste autorización alguna para su cambio. Tan importantes desajustes no pueden ampararse en el principio de proporcionalidad alegado por el Concello de Monterrei", recalcan los magistrados firmantes del fallo.
Contra esta sentencia solamente cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
