El Concello de Verín aprobó este lunes, en sesión plenaria extraordinaria, resolver el contrato de adjudicación del sistema de radares y semáforos foto en rojo que había firmado el anterior regidor, Juan Manuel Jiménez, con los hermanos Bueno Regodón, investigados en la Operación Enredadera destapada en julio de 2018.
El contrato de adjudicación de los radares preveía la instalación de dispositivos de control en los cuatro puntos cardinales de acceso al centro de la villa. Cuando Jiménez Morán perdió la alcaldía, Gerardo Seoane decidió no llevar a efecto dicho contrato, considerado por el actual regidor "una verdadera estafa a todos los verinenses".
Tres años después de que el bipartito alcanzase el Gobierno local, la empresa adjudicataria demandaba al Concello reclamándole una indemnización cercana al millón de euros. Era enero de 2018. Siete meses más tarde, esa empresa, sus socios y medio centenar de alcaldes, concejales y hasta responsables de la Policía Local de diversos ayuntamientos del norte peninsular, eran encausados en la "Operación Enredadera".
Sin embargo, Bilbomática Veicar, la adjudicataria, siguió reclamando la puesta en marcha del servicio de radares y acabó llevando al Concello de Verín al juzgado. Lo que esta mañana aprobó el pleno fue la resolución unilateral del contrato firmado por Jiménez, a petición de los tribunales. Además, se indemnizará a la compañía con algo más de 20.000 euros por los gastos de gestión en el procedimiento de adjudicación. Puede que la empresa investigada reclame cantidades adicionales, pero eso será en un futuro.
Más ahorro en la iluminación pública
El pleno también ratificó por unanimidad, con el objetivo de conseguir un importante ahorro de fondos públicos, la incorporación del organismo municipal al Centro de Contratación de la FEMP para contratar las obras, servicios y suministros que se ofrezcan, de acuerdo con las condiciones y precios establecidos en el respectivos contratos o convenios marco suscritos entre dicha central y las empresas adjudicatarias.
Por otro lado, se aprobó -por 9 votos a favor (5 PSdeG-PSOE y 4 BNG) y 4 en contra del Partido Popular- llevar a cabo las correspondientes modificaciones crediticias incluidas en el orden del día.
Finalmente, se aprobó levantar las distintas objeciones de intervención interpuestas ante el pleno, reconociendo la obligación de ordenar el pago de las facturas pendientes, que fueron presentadas ante este órgano colegiado. Estos puntos fueron abordados con 9 votos a favor (5 del PSdeG-PSOE y 4 del BNG) y 4 en contra del Partido Popular.
