sábado. 15.06.2024
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El regidor verinense, Gerardo Seoane.

La justicia ha reavivado uno de las licitaciones más controvertidas de la reciente historia municipal, con partícipes que incluso han sido pasto de titulares de los informativos nacionales en julio de 2018. El juez acaba de remitir un oficio al Concello de Verín en el que le recuerda -e insta ya a término- que inicie el expediente de resolución del contrato adjudicado a la UTE -Unión Temporal de Empresas- Bilbomática Veicar Verín, por el que se pretendía instalar equipos de radares en los principales accesos a la villa y fotodetectores "punto rojo" en los semáforos de Verín, con el ánimo de sancionar a todos aquellos que, bien accediesen al casco urbano con excesiva velocidad, o bien se saltasen un semáforo ya en rojo. 

 

Nada lo anterior sería destacable sino fuese que los principales intervinientes en el contrato que ahora debe anularse han pasado por prisión y están siendo investigados por un sinfín de delitos en todo el territorio nacional, sospechosos de amañar esos contratos de adjudicación de sistemas de control de la velocidad. 

En julio de 2018 saltó el escándalo de la "Operación Enredadera", en la que estaban involucrados, además de los contratantes con el Concello de Verín, alcaldes, concejales, jefes de Policía Local, entre otros; de medio centenar de municipios de todo el país. El grupo de Gobierno local actual había decidido, poco después de llegar al poder, no poner en marcha el contrato que Jiménez había dejado adjudicado a los investigados en la mencionada operación

 

Esa negativa le valió al Concello de Verín una reclamación económica que ahora está siendo ventilada, después de que el juez se negase a las pretensiones de los adjudicatarios -pedían cerca de un millón de euros por no poner en marcha el sistema que Jiménez había adjudicado a los supuestos delincuentes- y se limitase a instar al Concello a resolver de manera expresa el contrato mencionado. 

Ahora, los tribunales ya no aguardan más y acaban de conminar al grupo de Gobierno a que inicie ese expediente de resolución contractual, para que la compañía adjudicataria pueda reiniciar su reclamación. 

 

Gerardo Seoane decidió en su día no poner en marcha el contrato adjudicado por su predecesor al considerar que "existían flagrantes irregularidades en el proceso de licitación, además de ser un sistema que atracaba directamente los bolsillos de los verinenses y de todos aquellos que nos visitasen. El anterior Ejecutivo de Jiménez pretendía saquear al ciudadano con multas en vez de reformar los accesos a Verín para que los automóviles entrasen ya a una velocidad moderada", explica. 

También se justificó el alcalde al decidir el incumplimiento contractual afirmando que "este Concello no podía poner en marcha un contrato cuando los firmantes del mismo estaban siendo procesados por un sinfín de delitos cometidos, precisamente, en otros ayuntamientos del país al hacerse con contratos idénticos al de Verín. Creo que eso generaría una alarma social difícilmente explicable a la ciudadanía", apuntó Seoane Fidalgo. 
Han sido esos dos los argumentos que el regidor verinense le ha pedido a la secretaria que motive jurídicamente para iniciar el expediente de resolución contractual, instado por los tribunales vía ejecutoria de sentencia. 

El alcalde de Verín pide a la secretaria que anule el contrato de los radares por...
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