El representante de la UTE Bilbomática-Veicar Verín, integrada por dos sociedades que están siendo investigadas en el marco de la operación "Enredadera" por el juzgado de Instrucción número 2 de Badalona (Barcelona), ha remitido al Concello de Verín un nuevo escrito en el que conmina a los servicios jurídicos del mismo a iniciar el expediente de resolución contractual de la vinculación administrativa que les une desde que el grupo de Gobierno de Juan Manuel Jiménez Morán adjudicó a la Unión Temporal de Empresas el contrato de instalación de los radares.
Según el documento del que ha tenido conocimiento Diario do Támega, el consorcio investigado requiere al Concello de Verín que se "lleve a cabo el mandato judicial y se inicie el expediente de resolución contractual a fin de determinar su procedencia y, en su caso, la indemnización que proceda, respeto del contrato para la realización del servicio para el suministro, instalación y mantenimiento de elementos para el control de la seguridad vial en el Concello de Verín (...)".
El 12 de noviembre de 2014, Juan Manuel Jiménez, adjudicó, con un procedimiento que está siendo investigado, la instalación de un equipo de radares en varios puntos de la villa a una unión temporal de empresas compuesta por dos sociedades involucradas en la operación "Enredadera", caso que saltó a la luz en el mes de julio del 2018 y que llevó a prisión a casi medio centenar de alcaldes por toda la geografía nacional. Entre los imputados estaban los propietarios de Bilbomática y el consejero delegado de Veicar, los mismos que acabaron contratando con el Concello de Verín en su día.
Una de las primeras medidas nada más hacerse con el bastón de mando Gerardo Seoane fue intentar una resolución contractual del contrato anterior con la adjudicataria, al entender el actual alcalde que la justificación para instalar un sistema de radares no se ajustaba a la realidad y que dicha actuación "tenía un claro afán recaudatorio". Sin embargo, las negociaciones encallaron y el Concello de Verín decidió no facilitar a la empresa adjudicataria los medios comprometidos contractualmente para comenzar la instalación de los radares.
Una reclamación de casi un millón de euros
En enero del 2018, Bilbomática iniciaba un procedimiento contencioso contra el Concello de Verín por el que llegó a reclamarle una indemnización máxima de casi un millón de euros, al entender la primera que se estaba dando un incumplimiento contractual por parte del consistorio municipal y que dicho acto había provocado que la entidad concesionaria dejase de ingresar ese dinero.
El juez, en fecha 25 de febrero de 2019, falló a favor de la concesionaria atendiendo no a la reclamación de la cantidad pero sí a su petición de que se iniciase un expediente de resolución contractual. El Concello de Verín debía iniciar ese trámite en el plazo de un mes, y fijar en el la cantidad a entregar a la adjudicataria -investigada en la operación "Enredadera"- por no haber puesto en marcha la instalación de los radares. Sin embargo, casi un año después, el consistorio no ha ejecutado el mandato de la referida sentencia y la concesionaria acaba de recordar en un escrito que debe hacerlo. Lo hace, por contra, en un tono más conciliador que en el momento de interponer la demanda: "Se reitera la disposición de la UTE (...) a examinar la posibilidad de someter el asunto a mediación, o intentar una resolución de mutuo acuerdo de resultar procedente", recalca en su escrito el representante de la firma Bilbomática - Veicar Verín.
