El Concello de Verín deberá iniciar, en el plazo de un mes a contar desde la notificación de la sentencia, el expediente de resolución contractual con la entidad Bilbomática-Veicar Verín UTE (Unión temporal de empresas), adjudicataria de la instalación de los radares, y fijar en el la indemnización que así estime oportuna. Es el fallo del Magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de los de Ourense del pasado 25 de febrero que, aunque en apariencia pueda resultar contrario a los intereses del ayuntamiento de Verín, echa por tierra, inicialmente, las pretensiones de la empresa concesionaria de la colocación y gestión de los equipos de medición de velocidad, que reclamaba en el mejor de sus casos una indemnización cercana al millón de euros por el desestimiento del equipo de Gerardo Seoane de instalar unos radares en virtud de un contrato idéntico por el que la adjudicataria está siendo investigada en el marco de la Operación "Enredadera" en otras partes del país.
Como resume el juez en la sentencia, el anterior equipo de Gobierno, presidido por Juan Manuel Jiménez Morán, licitó y acabó adjudicando la instalación de radares en varios puntos de la villa a la unión temporal de empresas Bilbomática - Veicar Verín, el 12 de noviembre de 2014. Sin embargo, el cambio de color político en la casa del Concello propició la llegada de Gerardo Seoane y su equipo a la gestión municipal. Fue uno de sus primeros anuncios nada más tomar posesión, la de no llevar a efecto el contrato de los radares por considerar que era contrario a los intereses de sus administrados. Intentó negociar con la entidad adjudicataria una contraprestación económica ofreciendo la posibilidad de mejorar la regulación semafórica en algunos puntos de la villa a cambio de que desistiese amistosamente de llevar a efecto la ejecución del contrato para la realización del servicio de suministro, instalación y mantenimiento de elementos para el control de la seguridad vial en el Concello de Verín. Seoane Fidalgo siempre sostuvo en su argumentación que, además de suponer un "atentado al bolsillo de todos los verinenses, los datos sobre los que se basó la necesidad de adjudicar los radares no se ajustaban a la realidad".
Fue entonces cuando, tras no llegar a un acuerdo amistoso con la entidad Bilbomática-Veicar Verín, decidió no responder al requerimiento que más tarde le enviaría la concesionaria solicitándole la resolución contractual. Decisión del grupo de gobierno que motivó la presentación de la demanda por parte de la adjudicataria, de la que ahora se acaba de conocer sentencia.
Poco después de que la entidad adjudicataria del contrato de los radares presentase la demanda reclamando una indemnización millonaria, saltó a la luz la operación "Enredadera", en la que su matriz está siendo investigada por realizar contratos idénticos al de Verín en otras partes del territorio nacional
Sin embargo, lo más llamativo de este procedimiento no radica en el proceso en sí, ni en las cantidades reclamadas por la entidad mercantil en su día beneficiada por la resolución de adjudicación contractual. Si no en la identidad y en el futuro procesal de uno de los intervinientes, Bilbomática - Veicar. Meses después de que el regidor tomase la determinación de no llevar a efecto el contrato con la anterior, y una vez registrada ya su demanda, saltaba a la luz pública una macro-operación policial, conocida como "Enredadera" y en la que fueron detenidos directivos de la matriz de la unión temporal de empresas que contrató con el Concello de Verín por formular contratos idénticos al previsto para la villa en otras localidades y ciudades por todo el territorio nacional.
Ahora, el juez acaba de estimar el recurso de Bilbomática conminando al Concello de Verín a que inicie un expediente de resolución contractual, algo al que el consistorio se avino ya en la contestación a la demanda previa al fallo. Sí discutió en la misma el importe de las cantidades indemnizatorias, que cifró el letrado del ayuntamiento en no más de 20.000 euros frente al casi un millón requerido por la adjudicataria. Cantidad que el magistrado no entró a valorar, reconociendo únicamente la necesidad de resolver el contrato vía expediente administrativo.
