21.000 euros. O como precisaría la portavoz del PP en el Concello de Verín, Lara Da Silva, preguntada por lo anterior: 20.933,45 euros. Ese es el coste de la indemnización a la que ha tenido que hacer frente el Concello de Verín, después de ser condenado por frenar uno de los mayores pelotazos, y no urbanísticos, ideado por el anterior grupo de Gobierno con Juan Manuel Jiménez al frente: el de los radares.
Informes completamente falseados, con mediciones maquilladas y sin mayor justificación que la de hacer caja y no con el serio propósito de reducir la siniestralidad y mejorar el tráfico rodado en la villa. Así puede resumirse el procedimiento de concesión administrativa a una UTE propiedad de los hermanos Carlos y José Alberto Bueno Regodón, que acabaron siendo dos de los primeros detenidos aquel 4 de julio de 2018, cuando en todos los noticiarios del país se abría, a mediodía, con un titular, el de la "Operación Enredadera".
Gerardo Seoane, y su equipo de Gobierno, habían decidido no poner en marcha ese sistema, pese a que existía un contrato administrativo firmado por el anterior alcalde. Le comunicó a la adjudicataria que no instalaría los radares, pero les ofreció como compensación y en aras a evitar reclamaciones judiciales, mejorar los sistemas semafóricos. La UTE Bilbomática-Veicar se negó. En enero de 2018 demandaban al Concello de Verín reclamando casi un millón de euros de indemnización. Siete meses más tarde, un juzgado catalán sacaba a la luz la trama en la que también había participado activamente el ayuntamiento verinense bajo la presidencia de Juan Manuel Jiménez Morán.
El absoluto desmán de caudales públicos que el actual regidor vio claramente -antes incluso de que saltase a la luz la práctica corrupta de la compañía adjudicataria-, pudo contenerse, pero no así la obligación de tener que indemnizar, mínimamente, a Bilbomática-Veicar por lo gastado en los trámites burocráticos efectuados.
Tras un largo y complejo proceso administrativo, no exento de polémica, el Concello de Verín ha culminado la rescisión del contrato que el anterior equipo de gobierno adjudicó a la UTE Bilbomática Veicar Verín para la implantación de un sistema de radares de velocidad destinado a recaudar hasta seis millones de euros en multas en las calles de la villa.
El alcalde, Gerardo Seoane, recuerda que aquel contrato, además de ser “de dudosa legalidad”, suponía “un contrato millonario y fraudulento” que “pretendía sangrar con seis millones de euros a todos los verineses” y convertir a Verín en “terreno de juego de un pelotazo de la Operación Enredadera”, castigando a los vecinos con “un aluvión innecesario de multas”.
Un procedimiento frenado varias veces
La rescisión, ya acordada en pleno, se vio frenada en varias ocasiones por reticencias administrativas dentro del propio Concello. Seoane tuvo que ordenar el reinicio del expediente hasta en tres ocasiones:
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En marzo de 2022, ordenó a la secretaria municipal iniciar la tramitación.
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El 28 de abril de 2022 reiteró la orden ante la falta de avances.
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En mayo de 2023, ante nuevas dilaciones y la ausencia de asesoramiento administrativo, elaboró personalmente un Informe de Propuesta de Resolución.
Finalmente, el 30 de noviembre de 2023, la secretaria en funciones emitió el informe definitivo que permitió elevar el asunto a pleno y activar los últimos pasos de la rescisión.
Indemnización pagada y aval devuelto
El Concello ha depositado 20.000 euros en concepto de indemnización, tal y como fijaba la sentencia judicial, y ha ordenado la devolución del aval de la empresa, cerrando así el proceso de manera definitiva.
Un alcalde investigado por “desobediencia”
El retraso en la tramitación llevó incluso el caso a la Fiscalía de Ourense como presunto delito de “desobediencia” por parte del alcalde -cuando fueron los funcionarios municipales los que dilataron, quien sabe si a sabiendas, la respuesta exigida desde los tribunales-, a la espera de vista oral. Seoane insiste en que durante diez años “estuvo empeñado en darle cumplimiento” a la sentencia y que solo “la lentitud extrema y las carencias administrativas” explican los tiempos del proceso.
“Hice lo correcto anulando ese contrato”
El alcalde defiende que su decisión evitó “un fraude y una sangría” para los vecinos y recuerda que las medidas alternativas de pacificación del tráfico —como la eliminación de los aparcamientos en batería y la creación del sistema pionero de aparcamientos libres— fueron las que realmente frenaron los atropellos graves en la Avenida de Laza.
“Lo volvería a hacer cien veces”, afirma Seoane, quien considera esta anulación “una de las mayores satisfacciones” de su trayectoria como regidor.
El contrato de los radares fue adjudicado en 2014 por el gobierno del Partido Popular y contemplaba un sistema de recaudación mediante sanciones valorado en seis millones de euros. La empresa adjudicataria estuvo vinculada posteriormente a la conocida Operación Enredadera, investigada por corrupción en múltiples ayuntamientos españoles.
