¿Obra de gran complejidad técnica, como así lo aseguró el perito depuesto de parte de la Fiscalía querellada contra el alcalde de Verín -o el propio arquitecto municipal del Concello, que tiene un expediente disciplinario abierto por el regidor-; o una simple pavimentación de una calle que había quedado al descubierto después de que el anterior alcalde de Verín, Juan Manuel Jiménez, hubiese permitido la demolición y retirada de unas viviendas amenazando desplome sin que Patrimonio hubiese emitido dictamen alguno?
Es lo que tendrán que dirimir los integrantes del tribunal que hoy presidieron la vista oral contra Gerardo Seoane, quien se enfrenta incluso a pena privativa de libertad de hasta un máximo de seis años por la presunta comisión de dos delitos, de prevaricación urbanística -por omisión, como así precisó la fiscal de Medio Ambiente Carmen Eiró- y contra la ordenación del territorio.
De parte de ésta estuvieron, entre otros y en calidad de testigos, la anterior secretaria municipal, Pilar Saborido, y el arquitecto municipal del Concello de Verín, Vicente Carlos Martín, ambos con una manifiesta y pública enemistad contra Gerardo Seoane. La primera acabó abandonando el Concello y el segundo tiene abierto un expediente disciplinario. Ninguno de ellos actuó cuando en la etapa del anterior alcalde se permitió la demolición de las viviendas del viento norte de la iglesia, y su posterior retirada de piedras y escombros, actuación que cambió notablemente la percepción del bien protegido inventariado -la iglesia de Queirugás- y que acabó dotando a la Rúa da Igrexa del ancho actual, unas obras que ahora han servido a la actual secretaria provincial del Partido Popular, Sandra Quintas, para llevar a la Fiscalía a un "adversario político"- como así aseguró Seoane Fidalgo en su alegato final- incluso antes de que venciese el plazo del procedimiento administrativo que ella misma le otorgó en el escrito remitido al consistorio y por el que le solicitaba -que no ordenaba- la paralización de las obras -y que ninguno de los testigos citados anteriormente, secretaria municipal ni arquitecto del Concello, contestaron, al igual que el regidor-.
El arquitecto municipal, que tuvo su momento a la hora de vengar el expediente disciplinario abierto por el encausado, aseguró, coincidiendo con Sandra Quintas y el arquitecto de Patrimonio, Manuel Vecoña, que la obra llevada a cabo por el regidor verinense tenía "una gran complejidad técnica", algo que negaron los dos constructores que allí actuaron, los representantes de Excave y EMI-Álvarez, respectivamente. Los dos certificaron la versión del alcalde, de que se había tratado de una actuación de urgencia y que lo único que allí realizaron fue la comprobación de que el talud de tierra que había quedado al descubierto tras la demolición de varias casas permitida por Jiménez Morán no suponía peligro alguno para los vecinos de Queirugás.
Sostuvieron ambos contratistas que en esa actuación no hubo mayor dificultad que la retirada del barro acumulado tras la intervención de emergencia, y la reparación del pavimento de una calle mediante hormigón proyectado, tras los desperfectos ocasionados en el firme anterior por la retroexcavadora que depuró el talud de tierra.
También el propietario de una vivienda, próxima al bien protegido, ratificó la versión del alcalde de Verín. A Seoane Fidalgo le acusaba la fiscal de derribar un muro en el entorno de la iglesia -construcción inventariada en Patrimonio- y de levantar otro de bloque. El propio titular de la vivienda, heredada de sus padres, certificó en sala que había sido él mismo el que aprovechando que las máquinas municipales actuaban de urgencia en el lugar, acabó levantando la pared por la que hasta hoy estaba siendo acusado Seoane Fidalgo.
"¿Usted presentó una denuncia en Fiscalía por estos hechos?" Respuesta de Quintas Vázquez: "¿Yo?, no"
La jefa territorial en Ourense de la Consellería de Cultura, Sandra Quintas, quien también ocupa el cargo de secretaria provincial del Partido Popular, negó, a preguntas del abogado de la defensa, Eduardo Sánchez, que hubiese sido ella quien presentó la denuncia en Fiscalía por estos hechos. Como tampoco supo precisar qué tipo de expediente se había incoado contra el regidor, Gerardo Seoane, también a preguntas del letrado. Lo único que consta en autos es una comunicación, recibida en el Concello de Verín el 25 de febrero de 2019, en la que se le pide al primer edil que paralice las obras y se le otorga un plazo de 15 días para efectuar las alegaciones oportunas. Ese periodo no llegó a vencer. Sandra Quintas, pese a negarlo en sala, firmó digitalmente el 11 de marzo del mismo año la denuncia a la Fiscalía Provincial por los hechos hoy enjuiciados, sin tan siquiera dar por concluido el procedimiento administrativo pertinente que la propia Consellería había iniciado en virtud de "cartas anónimas y llamadas", como así confirmó Quintas Vázquez.
Los años electorales del 2011 y 2019
En el 2011, siendo alcalde Jiménez Morán, se procedió a la demolición y posterior retirada de escombros de las viviendas del viento norte de la iglesia, actuación que acabó dejando al descubierto un talud de tierra que años más tarde acabaría amenazando con desprenderse sobre el atrio de la iglesia. Sin embargo, en ese año, electoral al igual que en el 2019, ningún expediente sancionador en el Concello ni tampoco en el departamento de Patrimonio llegó a incoarse por una acción que modificó, ampliamente, el ancho de la Rúa da Igrexa.
Por contra, en los primeros meses del 2019, año de elecciones municipales y periodo en el que Juan Manuel Jiménez Morán estaba especialmente nervioso por saberse con la última oportunidad para recuperar una alcaldía que había perdido en el 2015 -llegó incluso a denunciar a esta redacción en la Guardia Civil por la información que aquí acompañamos-, se sucedieron las cartas y llamadas anónimas al departamento que todavía dirige Sandra Quintas denunciando la actuación del regidor Gerardo Seoane: "Querían liquidar al adversario político. Ellos saben -en alusión a los técnicos de Patrimonio y a la propia Quintas Vázquez- que fue el anterior alcalde el que demolió las viviendas que cambiaron el ancho de la calle. Ellos lo hicieron mal. Y aquí se han exagerado los acontecimientos con muchísima mala fe", se despachó a gusto Gerardo Seoane en su declaración final. "Tengo otras actuaciones, en entornos de bienes protegidos, en las que la forma de proceder ha sido la que contempla el procedimiento, porque en esos lugares, como Cabreiroá o Feces, se hizo con la suficiente previsión. Aquí, la urgencia nos llevó a unas obras, de nula complejidad técnica, y en las que únicamente se dejó una canalización subterránea para un cable de un tendido eléctrico que todavía está aéreo, y un posterior pavimentado en hormigón proyectado con una línea de piedra para evitar su corrimiento", aseguró Seoane Fidalgo tras la intervención de su defensa, quien expuso -éste último- en sala casos "similares al que aquí se está enjuiciando y que siguieron el procedimiento administrativo normal que acabó con la disquisición técnica en un procedimiento contencioso, y no llevando a la primera de cambio a un alcalde ante el juzgado de lo Penal, quien en ningún momento mostró arbitrariedad alguna o dolo reforzado, simplemente interpretó una instrucción de la propia Conselllería de Cultura que por su condición de arquitecto consideraba ajustada a la escasa entidad de las obras allí realizadas", alegó Sánchez González, el letrado del alcalde de Verín.
