El alcalde de Verín, Gerardo Seoane, se enfrenta este jueves al banquillo de los acusados. La Fiscal de Medio Ambiente, Carmen Eiró, pide para el regidor verinense una pena de seis años de prisión por la supuesta comisión de dos delitos, un de prevaricación administrativa y otro contra la ordenación de territorio, por entender que el primer edil dirigió unas obras que atentan contra el Patrimonio Cultural desoyendo las peticiones del Servicio Provincial de Gestión Cultural, cuya jefa es la actual secretaria provincial del PP, Sandra Quintas.
Entienden desde la Consellería de Cultura que las actuaciones llevadas a cabo por el consistorio verinense hubiesen necesitado, en su día -febrero de 2019- una expresa autorización del departamento de Patrimonio. Necesidad que el regidor cuestionó basándose en una instrucción de la Xunta de Galicia, de noviembre de 2017, en la que exime de dicha autorización a determinadas actuaciones en el contorno de un bien protegido, como lo es la iglesia de Queirugás, cuando éstas son de escasa complejidad técnica y no afecta al bien ni a su contemplación.
Fue precisamente la jefa territorial, Sandra Quintas, la que acabó remitiendo escrito a la Fiscalía Provincial al considerar que Gerardo Seoane, en su condición de alcalde, estaba vulnerando de manera reiterada su solicitud de paralización de unas obras que consistieron, fundamentalmente, en comprobar la firmeza de un talud de tierra que amenazaba -tras las intensas lluvias de ese invierno del 2019- con desmoronarse, dejar unas conducciones para canalizar el tendido eléctrico, realizar un par de arquetas de saneamiento y pavimentar la calle, buena parte de ella de tierra después de que, en la etapa del alcalde del PP, Juan Manuel Jiménez, se hubiesen demolido viviendas y retirados sus escombros.
Sin embargo, la propia Jefatura Territorial de la Consellería de Cultura obvió en el último mandato de su compañero de filas Jiménez Morán, el evidente cambio de aspecto que sufrió el entorno de la iglesia parroquial de Queirugás, provocado por las denuncias de varios vecinos contra los propietarios de las viviendas que amenazaban ruina.
Según consta en la propia querella a la que ha tenido acceso esta redacción, en marzo de 2010, desde el Concello de Verín se abrieron varios expedientes disciplinarios contra otros tantos titulares, en los que quedaba acreditado que se estaban produciendo desprendimientos de muros de edificaciones que ponían en peligro la seguridad de peatones y vehículos, además de "observarse la presencia de restos de piedras sobre la calzada", como así recoge un informe de la Policía Local.
Un año más tarde -2011-, como así puede comprobarse en una fotografía de la aplicación Goolzoom, la calle por la que ahora está siendo procesado Gerardo Seoane ya había ampliado su ancho considerablemente tras la demolición de viviendas y retirada de sus piedras y escombros por parte, como así aseguran varios vecinos, "del Concello de Verín". Sin embargo, no consta que en su día, dado el drástico cambio de aspecto del contorno de un bien protegido, que se hubiese iniciado por Patrimonio expediente alguno contra el Concello y alcalde con el que compartían color político.
Una obra de emergencia y un adecentamiento posterior
Sostiene el regidor Gerardo Seoane que, en febrero del 2019, "lo que hice fue, un día lloviendo a cántaros, comprobar que el talud de tierra que en su día había quedado al descubierto antes de mi llegada a la alcaldía, no suponía un riesgo de corrimiento de tierras. Procedimos a su protección con la colocación de árboles y a la pavimentación de una calle que se había convertido en un lodazal. Y, por supuesto, dejamos en previsión una canalización para enterrar el tendido eléctrico, por si algún día Fenosa decide eliminar el poste eléctrico delante del atrio", explica Seoane Fidalgo.
