Tamara Balboa, natural de Vilardecervos (Vilardevós), es la presidenta de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural de España y gerente del CDR Portas Abertas, uno de los 18 centros de España en los que se ha estado desarrollando un proyecto innovador que ha demostrado numerosos beneficios para las personas y una reducción de costes en materia de cuidados.
¿Por qué se puso en marcha Biocuidados?
Las personas con cierto nivel de dependencia debido a alguna discapacidad, enfermedades mentales, a su edad o a otras circunstancias, tienden a ser alejadas de su vivienda y de su comunidad. En 2021, un millón seiscientas mil personas con distintas problemáticas vivían en instituciones en España y la propia Unión Europea nos dio un toque de atención.
Desde COCEDER se planteó desarrollar un proyecto innovador que pusiera en marcha metodologías para prevenir esta situación. Para ello el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, concedió 14 millones de euros que se han destinado a 18 Centros de Desarrollo Rural en distintas Comunidades Autónomas durante 4 años.
¿Cómo ha funcionado el proyecto en el CDR Portas Abertas?
Concretamente en Vilardevós nos hemos centrado en 14 personas que pertenecen a cuatro de los cinco colectivos destinatarios: personas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedad mental e infancia. Hemos puesto en marcha un servicio de atención personalizada en los domicilios, 24 horas al día, los 7 días de la semana.
Este modelo de cuidados centrados en la persona y su entorno, mejora la autonomía personal. Se ha validado que es posible trabajar en poblaciones rurales de manera integral, sin segregar por colectivos, a través de equipos multidisciplinares de intervención e implicando a la comunidad.
¿Qué supone recibir este premio de la Red Social Europea de Servicios Sociales?
Una alegría y un reconocimiento a la labor comunitaria. Competimos con más de 100 candidaturas de 18 países europeos y de fuera de Europa, como Kazajistán. Proyectos presentados por universidades, direcciones generales de Comunidades Autónomas, etc. Fue una sorpresa que una entidad como COCEDER, que trabaja exclusivamente en el medio rural y que era la primera vez que se presentaba, haya sido seleccionada.
¿Cuáles han sido las principales dificultades que se han ido encontrando?
Para que las personas puedan seguir en sus viviendas, es necesaria una activación de los recursos comunitarios ya existentes. El hecho de ser un proyecto de investigación nos hizo ser prudentes porque éramos conscientes de que había una fecha de finalización. El medio rural es muy diverso en España pero en general, activar a las comunidades es muy difícil porque no hay recursos.
¿Qué conclusiones han sacado después de estos cuatro años de trabajo?
En el caso de Vilardevós, poner un servicio de atención 24 horas al día para 14 personas ha supuesto una inversión de 1.296 euros de media al mes. Si esta persona estuviera institucionalizada en una residencia, el coste medio sería de entre 1.500 y 2.000 euros. Por tanto, además de los beneficios personales, también desde el punto de vista económico, sería más barato para la administración y para los usuarios aplicar el enfoque de Biocuidados.
¿Qué se puede hacer a partir de ahora para dar continuidad?
Nuestro objetivo era desarrollar una nueva metodología de intervención y, una vez validada, proponer cambios en las políticas públicas. Los Servicios Sociales del futuro deben incorporar las peculiaridades del medio rural y los cambios normativos deben tener en cuenta estas necesidades. Realizada también la evaluación de costes de cada colectivo, con la prevención de la institucionalización en los 18 centros participantes, hemos llegado a un ahorro medio de 370€ mensuales por persona.
¿También se pueden tener en cuenta mejoras desde el punto de vista residencial?
Por supuesto, hay muchos tipos de centros o residencias. Una de las propuestas que planteamos es poner en marcha centros comunitarios donde las personas puedan reunirse, compartir e incluso tener una o dos habitaciones reservadas para quienes necesiten un apoyo puntual, como por ejemplo tras una operación médica.
¿Y en el ámbito de los profesionales?
Consideramos necesario trabajar en un nuevo catálogo profesional en el ámbito de los Servicios Sociales, con figuras como las del asistente personal y la del facilitador comunitario. En el caso de Vilardevós se contrató a 10 personas: 3 implementadoras primarias (coordinadora, integradora social y psicóloga) y 7 implementadoras secundarias (asistentes personales).
También en el ámbito laboral de las personas con discapacidad han surgido propuestas como los “Proyectos de empleo con significado” en el que se tiene en cuenta que no todas las personas están obligadas a trabajar en un centro especial de empleo haciendo lo mismo. Se trata de desarrollar un plan de vida para cada una y se le acompaña en este proceso. Es necesaria una flexibilidad normativa que reconozca estas condiciones.
¿Crees que hace falta un cambio de paradigma?
Entre todas las entidades que han recibido subvenciones para estos proyectos de prevención de la institucionalización se ha constituido, junto con el Ministerio, la Plataforma Vidas, una propuesta de ideas innovadoras para los cuidados en el entorno rural.
Ojalá esto ayude a la modificación de la legislación por parte de las Comunidades Autónomas y del Gobierno de España. Seguiremos trabajando desde la perspectiva comunitaria, escalando el proyecto en otras zonas, presentándonos a convocatorias y utilizando los presupuestos del Fondo Social Europeo en el ámbito de innovación con este fin.
