Este miércoles, después de un par de días de ausencia del interventor municipal, Jesús Blanco Giró, tanto el anterior como el alcalde en funciones del Concello de Verín, Gerardo Seoane, y el tesorero accidental del consistorio local, Alberto Vega, firmaron el acta de arqueo de los depósitos en cuentas corrientes de la institución, por la que se certifica que en la actualidad -concretamente a fecha 16 de mayo de 2019-, las arcas municipales disponían en las diferentes entidades con las que operan más de 3,3 millones de euros de tesorería, confirmando que, pese a la reciente operación de financiación que con regularidad se realiza todos los ejercicios para anticipar el importe de los recibos que se pasan desde las oficinas de recaudación al cobro en el mes de noviembre, la entidad local dispone de la solvencia financiera suficiente -en contra de lo manifestado en no pocas ocasiones por el actual líder de la oposición en Verín y candidato del Partido Popular a la alcaldía, Juan Manuel Jiménez Morán- para atender los pagos corrientes y aquellos que, por las restricciones de personal que viene sufriendo el consistorio, todavía permanecen sin satisfacer.
El acta, de fecha 16 de mayo, y firmada el pasado miércoles refleja, claramente, el saldo que en estos momentos tiene el Concello en sus cuentas.
Sin embargo, pese a la liquidez acreditada por el acta extraordinaria de arqueo firmada, la institución municipal mantiene saldos pendientes con proveedores correspondientes a facturas de ejercicios anteriores, algunos de ellos correspondientes a los de gestión del grupo popular con Jiménez Morán al frente.
ESCRITO INTIMIDANTE
La mayoría de los proveedores del Concello que día tras día reclaman el pago de sus facturas pendientes del ejercicio anterior desconocen que a finales del pasado 2018 y primeros días del 2019 el interventor municipal, Jesús Blanco, había ordenado los pagos oportunos para saldar gran parte de las cantidades pendientes correspondientes al presupuesto del año anterior e incluso de algunas de las facturas registradas en los primeros del Gobierno de Gerardo Seoane y hasta de su antecesor en el cargo.
Que por parte del interventor se fiscalice el Decreto de 9 de enero de 2019, advirtiendo de la ilegalidad -a juicio del líder de la oposición- realizada y suspendiento todos los pagos hasta que se realice el correcto procedimiento para el levantamiento del mismo, de lo contrario este grupo municipal -Partido Popular- tomará las medidas legales oportunas ante los órganos judiciales y fiscalizadores de cuentas, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que corresponda a la alcaldía y a la intervención municipal
Sin embargo, decidió suspender el procedimiento después de tener conocimiento del documento enviado y registrado por el exalcalde el 16 de enero de 2019, de tenor literal el siguiente en sus conclusiones: “Que por parte del interventor se fiscalice el Decreto de 9 de enero de 2019, advirtiendo de la ilegalidad -a juicio del líder de la oposición- realizada y suspendiento todos los pagos hasta que se realice el correcto procedimiento para el levantamiento del mismo, de lo contrario este grupo municipal tomará las medidas legales oportunas ante los órganos judiciales y fiscalizadores de cuentas, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que corresponda a la alcaldía y a la intervención municipal”, afirma y rubrica Jiménez Morán.
