La cadena vitivinícola gallega, que engloba tanto la viticultura como la elaboración, genera una producción anual estimada de 512 millones de euros y un Valor Añadido Bruto de 313 millones, lo que permite la creación de 4.563 empleos directos en el territorio. Estos datos se desprenden del reciente estudio sectorial Vino, territorio y valor: el impacto económico de las DOP vitivinícolas de Galicia, editado por la Fundación Juana de Vega.
El documento confirma que el sector representa el 7,15 por ciento del complejo agroalimentario autonómico, destacando por su capacidad para generar valor y su marcada orientación hacia segmentos de mayor calidad. Además, la tasa de cobertura comercial ha pasado del 23 al 86 por ciento desde el año 2008, lo que supone que las exportaciones se han triplicado de forma significativa.
Las cinco denominaciones de origen, incluyendo la DOP Monterrei, conforman el núcleo económico de esta actividad, logrando comercializar 47,5 millones de litros valorados en 337 millones de euros en la última campaña.
A nivel territorial, el viñedo y las bodegas constituyen un verdadero motor económico para las áreas productoras. En el caso específico de Monterrei, esta actividad representa el 3,4 por ciento del Producto Interior Bruto de los municipios implicados, una cifra que evidencia la gran capacidad de dinamización económica y de fijación de valor en la comarca.
Otras denominaciones como Valdeorras y O Ribeiro alcanzan el 3,1 y el 2,8 por ciento del PIB respectivamente, superando ampliamente a zonas más extensas como Rías Baixas o Ribeira Sacra.
El informe también identifica importantes diferencias estructurales entre los distintos territorios, señalando que Monterrei y Valdeorras destacan por presentar los mayores niveles de productividad laboral global.
En conjunto, las zonas con distintivo de calidad suman unos 4.270 puestos de trabajo directos, representando el 3,1 por ciento del empleo total en sus respectivos municipios.
Los responsables del análisis concluyen que el vino gallego actúa como un instrumento fundamental para el desarrollo rural y la vertebración territorial, requiriendo políticas públicas diferenciadas para garantizar la viabilidad económica y el mantenimiento de la población en las áreas de cultivo.
