El Concello de Verín entra en la convocatoria de 2026 del procedimiento de plan de pago a proveedores, un mecanismo de respaldo habilitado por el Ministerio de Hacienda para agilizar la tramitación de los esfuerzos inversores de las entidades locales. A través de esta herramienta estatal, el municipio tramitará la liquidación de deudas plurianuales que mantiene desde hace varios ejercicios por un importe máximo financiable que asciende a 3.762.287 euros.
Más de 250 proveedores beneficiados
La administración local ya ha remitido al Ministerio de Hacienda la relación certificada de las obligaciones pendientes de pago dentro de los plazos establecidos. Esta cuantía permitirá atender los pagos pendientes con más de 250 proveedores, una medida que la entidad local asocia a las dificultades de tramitación derivadas del esfuerzo inversor realizado en los últimos años para la modernización de la villa. El consistorio verinense comparte el uso de esta vía de financiación extraordinaria con otras entidades locales del Estado, como Badalona, y de Galicia, como Santiago de Compostela.
Desde el gobierno municipal valoran de forma positiva la puesta en marcha de este procedimiento legal y financiero, argumentando que permite acortar de manera significativa los tiempos necesarios para el abono de los servicios prestados por empresas y profesionales. El propósito final de este sistema regulado es asegurar que los proveedores perciban las cantidades adeudadas mediante condiciones financieras específicas que, por los cauces ordinarios, presentarían una mayor complejidad administrativa.
Seoane: "A débeda sistémida de tramitación do Concello quedará eliminada"
El alcalde de Verín, Gerardo Seoane, ha definido la iniciativa como "un procedemento totalmente normalizado, e ao que acoden conellos grandes e pequenos". El regidor ha manifestado que "o realmente importante deste procedemento é que permitirá que máis de 250 provedores poidan cobrar cantidades pendentes, avanzando cara á práctica eliminación da débeda sistémica de tramitación do Concello". Asimismo, Seoane ha afirmado que la medida ofrece una solución eficaz para acelerar unos pagos que de otro modo requerirían plazos más extensos, señalando que el saneamiento de estas obligaciones financieras "permitirá continuar coa profunda modernización das infraestructuras da vila de Verín". Una vez que el Ministerio de Hacienda complete las fases estipuladas y se formalicen los trámites correspondientes, se iniciará el abono de las cuantías conforme al calendario fijado por el programa estatal, que se prevé comience el próximo 29 de junio según las propias previsiones del Ministerio de Hacienda.
Un plazo máximo de amortización que el Concello prevé no completar
La adhesión a este fondo estatal extraordinario, compartida con otras entidades como Badalona o Santiago de Compostela, no exime al ayuntamiento de compromisos legales. Para formalizar el préstamo con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, el consistorio verinense tiene la obligación de diseñar y aprobar un estricto plan de ajuste, el cual debe contar de forma preceptiva con el visto bueno y la valoración favorable del Ministerio de Hacienda. Este plan de viabilidad económica conlleva una vigencia análoga al periodo de amortización del crédito, fijado en 15 años, aunque el regidor Gerardo Seoane estima que podrá amortizarse de manera "moi anticipada, incluso pode que antes de que finalice o presente mandato". Según las condiciones financieras estipuladas, la operación carece de periodo de carencia y el calendario de devoluciones, si no se realiza su amortización antes, obligará al municipio a realizar pagos periódicos desde octubre de 2027 hasta octubre de 2041, en el caso de acogerse al máximo plazo de pago.
La normativa reguladora de este mecanismo de liquidez impone compromisos fiscales y organizativos a los ayuntamientos adheridos. El Concello de Verín deberá garantizar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, el control del techo de gasto y la reducción progresiva de su Periodo Medio de Pago (PMP) por debajo del límite legal de 30 días. Por su parte, el procedimiento estatal determina que las empresas y profesionales incluidos en la relación certificada deberán aceptar el cobro por esta vía informática, lo que implica de forma automática la renuncia a la percepción de intereses de demora y otros conceptos de penalización por retrasos.
