José Luis Suárez Martínez, alcalde de Monterrei, podría haber vulnerado de manera deliberada la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, que regula el patrimonio de las administraciones públicas; al otorgar un espacio en la Casa da Cultura de Albarellos para que el banco Santander, en el que su hermano tiene responsabilidades de gestión, instalase un cajero automático que está cobrando altas comisiones a los vecinos del municipio por su utilización.
Según el texto legal, y como así lo afirman expertos en la materia consultados, esa concesión demanial, que así se denomina a este tipo de entregas del patrimonio público, debería haberse efectuado en régimen de concurrencia según establece el artículo 93 de la mencionada ley. Así lo recoge en el párrafo primero, estableciendo una excepción en los supuestos previstos en el artículo 137.4 de dicho texto, por el cual podría otorgarse esa concesión de manera directa. "En ese punto, la norma establece un excepción siempre y cuando se trate de una enajenación y puede justificarse que ese inmueble resulte necesario para dar cumplimento a una función de servicio público o a la realización de un fin de interés general por persona distinta a una administración pública o a una entidad sin ánimo de lucro", sostiene el experto consultado por esta redacción.
"Sin embargo -prosigue nuestro técnico-, entendemos que aquí pudo haberse vulnerado la Ley y, para muestra, existe casos en los que otros ayuntamientos sí han licitado una concesión demanial para la instalación de cajeros en espacios públicos. Por ejemplo, en un ayuntamiento malacitano, el de Cártama, la colocación de un cajero en su plaza de abastos está rentando un mínimo de 260 euros anuales de canon más el pago de unos 400 euros en concepto de tasas reguladas en una ordenanza pública, que está abonando la entidad adjudicataria, el BBVA. Un importe que bien podrían ingresar en el Concello de Monterrei y que han renunciado a ella", explica nuestro experto.
