El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha acordado, tal y como decretó la Audiencia Provincial, que la pieza principal de la operación Pokemon, relacionada con el grupo Vendex, se divida en 33 causas, debido a que entiende que carecen de conexión entre ellas. El instructor indica en el auto que, tal y como señaló el alto órgano judicial provincial, "no puede pivotar la conexidad de las diversas causas en que en todas ellas intervenga el mismo grupo empresarial, cuando las operaciones que se tildan supuestamente de ilícitas tienen destinatarios o colaboradores diferentes".
Por ello, el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, en un auto contra el que cabe presentar recurso, ha decretado que se deduzcan testimonios de la causa en cuanto a cada uno de los 33 hechos presuntamente delictivos para su remisión al Juzgado Decano de Lugo a fin de su reparto entre los juzgados de instrucción, entre los que se encuentra el de Verín.
Página 11 del auto en el que se ordena la investigación a los juzgados de Verín. | FOTO: Xosé Lois Colmenero.
En la causa se investigaron "unos hechos de los que, a priori, resultaba que el grupo Vendex, a partir de sus contrataciones en Galicia, pudiera haber obtenido beneficios multimillonarios, presuntamente ilícitos, a través de diversos fraudes en la contratación pública en distintas localidades de Galicia". Los investigados, según el auto, habrían llevado a cabo, entre otras, "conductas constitutivas de otros varios delitos contra la administración pública, por medio de la corrupción supuestamente de funcionarios y cargos públicos, mediante, entre otras actividades, entregas de dinero en efectivo, dádivas o regalos, contratando personal recomendado por tales funcionarios o cargos públicos o gestionando retirada de multas, mediante donaciones ilegales a partidos, etc.". En ocasiones, además, "se habría llevado a cabo un presunto blanqueo de los beneficios obtenidos de tales actividades presuntamente delictivas".
De Lara puso el foco en el exalcalde en 2015
En su día, la jueza De Lara, en su instrucción, que ahora se reparte entre los diferentes juzgados, atribuyó al exalcalde los supuestos delitos en relación con la adjudicación por el Ayuntamiento de Verín del Servicio de Ordenación y Regulación del Aparcamiento de Vehículos (ORA) en los años 2007 y 2011 a Doal, una de las empresas del grupo.
La juez se basaba entonces en los pinchazos telefónicos interceptados por los agentes del Servicio de Aduanas en 2012 de los que se desprendieron que los responsables de la empresa negociaron con el Ayuntamiento la ampliación de las plazas de la ORA y la subida de las tarifas. La instructora inicial de la operación Pokemon sostenía que había constancia de que Jiménez y Enrique, "presumiblemente Enrique Díaz, concejal de Tráfico", se reunieron en el Ayuntamiento con representantes del grupo empresarial en abril de 2012 y que meses después el Ayuntamiento les comunicó que estaba pendiente de publicar la aprobación de nuevas tarifas y nuevas calles para ampliar la zona ORA.
El auto de De Lara daba cuenta también de la incorporación de documentación requisada en las oficinas del grupo que "acredita pagos", dos por importe de 4.000 euros y uno por 2.000, a personal del Ayuntamiento "sin que por el momento se pueda precisar la identidad de las personas receptoras", sostenía la juez a la que sin embargo le "constaba" entonces que tanto Juan Manuel Jiménez como el jefe de la Policía Local fueron agraciados en los años 2008 y 2009 con cestas de Navidad.
