No hay vuelta atrás. El Supremo acaba de desestimar el recurso de casación presentado por el Concello de Verín y con el que pretendía eludir, en el caso de que fallase el Alto Tribunal a su favor, el pago de más de 300.000 euros de indemnización a los propietarios de unos terrenos sobre los que se levantó el auditorio y cuya ocupación directa ordenó el gobierno del ex alcalde, Juan Manuel Jiménez Morán, apoyado en los votos del resto de ediles de su grupo municipal.
Los magistrados de la sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con la desestimación del recurso, vienen a confirmar el fallo del 9 de abril del 2021 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que a su vez ratificaba el ya dictado en sentencia 167/2020, del 27 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense, por el cual, el Concello de Verín debe indemnizar con 290.677,87 euros más el interés legal del dinero; a los propietarios de la totalidad de 5.425,49 metros cuadrados que fueron incorporados al patrimonio municipal en virtud de un procedimiento de ocupación directa aprobado por el gobierno de Jiménez, sin respetar los preceptos legales -como así se ha reconocido en sede judicial-, para, posteriormente y en un breve plazo de tiempo no superior a un año, levantar el edificio de las Artes Escénicas de Verín.
Esta es una de las muchas herencias envenenadas que dejó el gobierno del PP y que ahora deberán pagar todos los verinenses (Gerardo Seoane, alcalde de Verín)
El alcalde de Verín, Gerardo Seoane, preguntado por esta redacción, confirmó que esta misma tarde acababan de tener conocimiento de un fallo "contra el que ya no cabe recurso alguno y que obliga a este ayuntamiento a indemnizar a los propietarios de esos terrenos en la mencionada cantidad. Se trata, de una de las muchas herencias envenenadas que dejó el gobierno del PP y que ahora deberán pagar todos los verinenses", señaló.
Seoane Fidalgo va más allá y anunció que desde su Ejecutivo se instará a una reclamación por responsabilidad patrimonial a todos y cada uno de los ediles del Partido Popular que en su día aprobaron, con su voto, una ocupación directa "que más tarde fue anulada por la Justicia, convirtiéndola en ilegal y que ahora obliga a este ayuntamiento a indemnizar a una familia con más de 300.000 euros", recalcó el regidor verinense.
