Este miércoles, Gerardo Seoane Fidalgo, alcalde de Verín, compareció en sede judicial para responder del supuesto delito de prevaricación continuada por las sucesivas contrataciones de servicios de un profesional independiente de la comunicación que, entre otras funciones, ejerció como comisionado del Museo Claustro de los Padres Mercedarios. Lo hizo, a requerimiento del juez de Instrucción y después de que el Fiscal Jefe de Ourense instase a la apertura de diligencias de investigación penal "por denuncias por mí presentadas", como reconocía el propio líder de la oposición, Juan Manuel Jiménez en uno de los numerosos comunicados enviados a los medios de comunicación en la precampaña electoral -en el caso de referencia, el pasado 16 de abril, del que se acompaña copia-.
Esta mañana de jueves, el regidor municipal volvía a dependencias judiciales, en este caso, de las de Ourense para responder de una imputación similar aunque, en la de hoy, por las supuestas irregularidades cometidas en las inmediaciones de la iglesia de la localidad de Queirugás (Verín).
En el comunicado del pasado día 16 de abril, Jiménez Morán apuntaba que se habían denunciado, "entre otros, los siguientes hechos: relaciones puramente laborales concertadas, sin previo proceso selectivo, con determinadas personas quienes a dedo arbitrariamente designa el Alcalde, mediante la figura de contratos menores de servicios (...)". Y se situaba, además, como paradigma del cumplimento de la ley, tanto en el anterior supuesto como también en el escrupuloso respeto a la legislación vigente en materia de ordenación del gasto municipal: "En 17 años que he ejercido como Alcalde de Verín, nunca he dado una licencia en contra de ningún informe del técnico correspondiente del Ayuntamiento, en esos 17 años nunca tuve un solo reparo de legalidad y he cumplido escrupulosamente la ley (...)", recordaba el exalcalde en el mencionado comunicado enviado desde su formación política local.
"En 17 años que he ejercido como Alcalde de Verín, nunca he dado una licencia en contra de ningún informe del técnico correspondiente del Ayuntamiento, en esos 17 años nunca tuve un solo reparo de legalidad y he cumplido escrupulosamente la ley (...)", decía el ex alcalde Jiménez Morán.
Sin embargo, este medio ha tenido acceso a un revelador documento firmado por la secretaria municipal, que deja en evidencia la credibilidad argumental de Juan Manuel Jiménez Morán.
En el escrito antes señalado, correspondiente al acta del pleno del 19 de septiembre de 2012, entre los acuerdos adoptados con la mayoría, por aquel entonces, de los 10 ediles del Partido Popular, se aprobaron, entre otros, el siguiente -según tenor literal de la certificación expedida por la funcionaria-: "PRIMERO. Levantar o reparo de legalidade da intervención municipal aos gastos en exceso executados nos exercicios 2011 e anteriores, por contía total de 979.929,35 euros, pola insuficiencia ou inadecuación do crédito orzamentario proposto e polas deficiencias na tramitación do gasto", esto es, el pleno levantó un reparo de legalidad interpuesto por el interventor municipal al gasto de casi un millón de euros permitido por Juan Manuel Jiménez, evidenciando así que su categórica y explícita afirmación de no haber recibido en su carrera como regidor reparo alguno era, a todas luces, no ajustada a la realidad.
