Una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años (artículo 404 del vigente Código Penal) -por el supuesto delito de prevaricación- y otra de seis meses a dos años de prisión, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años (artículo 428 del mismo Código), por un presunto delito de tráfico de influencias, son las posibles responsabilidades penales a las que se enfrenta Juan Manuel Jiménez Morán, actual portavoz del Partido Popular de Verín y alcalde en el momento en el que ocurrieron los hechos supuestamente constitutivos de delito, "así como cualquier otra persona que hubiese participado o tuviese responsabilidad en ellos", si prospera la querella que Gerardo Seoane Fidalgo anuncia en representación del Concello de Verín por la hipotética incursión del líder de los populares en la villa y exsenador en los supuestos punibles anteriores en el instante de conceder a la que fuera su teniente de alcalde, María del Carmen Parlo López, una prórroga para la construcción de su vivienda que nunca se debió conceder como así ha acreditado el propio Tribunal Supremo por providencia de la sección Primera de la Sala de lo contencioso-administrativo de fecha 19 de diciembre de 2018 al inadmitir a trámite el recurso de casación número 732/2018 presentado por la anterior contra la sentencia número 421/2017 de fecha 26 de octubre de 2017 de la sección Segunda de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Disposición que convierte en firme el fallo anterior y confirma en todos los extremos que el Decreto de la Alcaldía de Verín concediendo a María del Carmen Pardo López la prórroga en el plazo de terminación de las obras de su vivienda, de fecha 19 de octubre de 2012 siendo alcalde Juan Manuel Jiménez Morán, era contrario al ordenamiento jurídico vigente en ese momento.
UN CASO SIMILAR CON RESULTADO, ESTE SÍ, DE DEMOLICIÓN
Para mayor abundamiento de lo anterior, la querella firmada por el actual alcalde Gerardo Seoane Fidalgo justifica los ilícitos en los que pudo incurrir su antecesor exponiendo claramente como prueba documental de sus acusaciones la analogía con otro caso similar al de María del Carmen Pardo pero que, a diferencia del anterior, acabó con la casa del segundo por los suelos. Así le ocurrió al vecino de Verín Maximino González Fernández, a quien sí le denegó Juan Manuel Jiménez la prórroga del plazo de finalización de la obra de una vivienda unifamiliar aislada en construcción en una parcela situada en el Camino "O Curbillón, s/n." de Verín, amparándose en el artículo 197.2 de la Lei de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, el mismo que se obvió para otorgarle, a ella sí, la oportuna prórroga de finalización de las obras de la vivienda de María del Carmen Pardo cuando -y así lo recoge el escrito de demanda- "no estaba siquiera comenzada en la fecha en que se solicitó y concedió la prórroga, tal y como exige la jurisprudencia tanto del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y del Tribunal Supremo para entender iniciadas las obras de ejecución de una vivienda a efectos de la posible declaración de caducidad de la licencia".
"El querellado -Jiménez Morán-, de manera deliberada y con ánimo de obtener una resolución adecuada a sus propósitos, encargó la redacción de un informe no a quien le correspondería hacerlo (...)", sostiene Gerardo Seoane en su escrito de demanda
Seoane Fidalgo mantiene además, en su demanda, que "el querellado, de manera deliberada y con ánimo de obtener una resolución adecuada a sus propósitos, encargó la redacción de un informe no a quien le correspondería hacerlo, esto es, al Técnico de Urbanismo quien, con total seguridad hubiese informado negativamente -a la concesión de la prórroga de la licencia de obra-, sino a la Secretaria del Concello de Verín", acto por el que el actual regidor entiende que el anterior ha incurrido en un posible delito de tráfico de influencias.
PARDO FUE SECRETARIA XERAL DE TURISMO DE LA XUNTA
Entiende Gerardo Seoane, en su querella, que "es necesario para una correcta interpretación de los hechos denunciados tener en cuenta que María del Carmen Pardo López era una estrecha colaboradora de la persona que ocupaba, en el momento en el que ocurrieron los hechos, la Alcaldía del Concello de Verín, además de destacada dirigente del mismo partido político; resultando elegida como concejala en las elecciones municipales de mayo de 2007, con funciones de teniente de alcalde entre los años 2007 y 2009, hasta que fue nombrada Secretaria Xeral de Turismo de la Xunta de Galicia entre el 2009 y el 2012", periodo en el que también seguía siendo alcalde de Verín Juan Manuel Jiménez Morán.
Y, ¿CUÁLES SON LOS HECHOS?
Pues, los siguientes: por decreto de la Alcaldía de Verín de fecha 20 de octubre de 2009 se le concede a María del Carmen Pardo López una licencia municipal de obras para la construcción de su vivienda unifamiliar aislada en una parcela situada en la carretera de Cabreiroá. El plan general de ordenación urbanística de la villa llevaba ya anulado desde el 13 de febrero de 2007, por sentencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, esa licencia tuvo que concederse porque un fallo así obligó al Concello.
María del Carmen, con la licencia vigente, no llevó a cabo ninguna actuación de las obras autorizadas en los tres años siguientes y, antes de que le caducase el permiso, solicitó una prórroga del plazo de ejecución de las mismas el 16 de octubre de 2012. Tres días después, la secretaria municipal elabora un informe y ese mismo día se dicta un decreto de la Alcaldía de Verín, firmado por Juan Manuel Jiménez Morán, por el que se le concede dicha prórroga -aplazamiento que los tribunales han venido a confirmar que nunca se debió haber otorgado al entender el juez que no se pueden conceder prórrogas de licencias de obras si en ese momento en el que se conceden no se pudiese autorizar la propia licencia de la obra, como era el caso-.
Fue ya Gerardo Seoane, como alcalde, quien el 26 de octubre de 2015 suspende los efectos de la licencia municipal de obras concedida a María del Carmen Pardo López. Ella recurre a los tribunales, y éstos confirman hasta convertir en firme el fallo por el que se anula la prórroga exprés que en su día concedió Jiménez Morán -19 de octubre de 2012-, que la suspensión de la licencia ordenada por Gerardo Seoane Fidalgo fue ajustada a Derecho.
