"No existe indicio mínimo de hecho delictivo sin perjuicio de que la actuación del Concello en los puntos señalados haya podido quebrar legalidad ordinaria en materia urbanista y/o puramente civil (...)". Es la conclución del Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Ourense, Florentino Delgado, ordenando además el archivo de la denuncia que por los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias presentaron en su día Juan Manuel Jiménez Morán y José Hilario Castro González, ambos en calidad de representantes del Grupo Popular del Concello de Verín.
Hasta en cuatro actuaciones ordenadas por el Ejecutivo local habían puesto el ojo los dos ediles del PP, y en todas ellas el Fiscal Jefe determinó no haber encontrado indicio alguno de hecho punible que pudiese acabar en un procesamiento del alcalde, Gerardo Seoane, y una consecuente condena que lo inhabilitase. La primera de ellas se refería al estacionamiento disuasorio número 2, próximo al centro de salud de la villa. Los populares, en su infundada acusación, argumentaban que "se estaban realizando obras en terrenos de titularidad privada, acondicionando un vial sobre terrenos privados sin cumplir la normativa de planeamiento, entendiendo que el último objetivo se encuentra en beneficiar de manera injusta a los titulares de los terrenos afectados". Delgado Ayuso desmonta la denuncia apuntando que "no se aprecia indicio racional de existencia de actividad delictiva centrada en conductas de prevaricación o cohecho, siendo en cuanto se refiere al tráfico de influencias ni tan siquiera por mera alegación se puede constatar el indicio mínimo". Abunda en la investigación el Fiscal y certifica que "en efecto, existe un contrato de alquiler de la renta anual que debe abonar el Concello (...) y el objeto del arrendamiento es la dotación de un aparcamiento público y gratuito".
(En la imagen, el estado previo al acondicionamiento del estacionamiento disuasorio)
EL EXREGIDOR SE DEMANDA A SÍ MISMO
Otra de las denuncias enviadas al Fiscal por el líder popular aludía a la demolición de un inmueble en la carretera de A Veiga, en la que entendía que dicha demolición tenía un carácter delictivo por no existir procedimiento adecuado y carecer de autorización de los responsables autonómicos de Patrimonio histórico, entre otras deficiencias. La Fiscalía, una vez más, desmonta la acusación señalando que "en este caso, existe un acuerdo de cesión de porción de terreno entre el Concello de Verín y Doña Isabel Dobarrio Lorenzo, acuerdo de cesión precisamente pactado y firmado por el denunciante Don Juan Manuel Jiménez Morán. Consta igualmente -prosigue el Fiscal- autorización del Servicio de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia y del Director del Casco Histórico de Verín. De lo anterior -concluye Florentino Delgado-, se desprende fácilmente que no existe indicio mínimo de comisión de hecho delictivo".
OTRAS DOS DENUNCIAS ARCHIVADAS
Tampoco la Fiscalía halló indicio alguno de comisión de delito en el derribo de varias edificaciones en la localidad de Tintores, "ya que en el relato de la propia denuncia se evidencia que siendo dichas demoliciones realizadas en inmuebles privado, ello no significaría que su coste deba ser asumido por el Concello, que puede y debe repetir los gastos sobre los responsables de su abono", argumenta el Fiscal Jefe en las conclusiones que determinaron el archivo de las diligencias. Por último, Delgado Ayuso tampoco vio delito alguno en los hechos relativos al acta de recepción del auditorio ni en la construcción de su vial de acceso.
EN FEBRERO DE 2018 SE DEJÓ SIN EFECTO OTRA MÁS
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Verín, con fecha 1 de febrero de 2018, y tras practicar las oportunas diligencias previas de investigación, acordaba también decretar el sobreseimiento provisional y archivo de la causa penal abierta contra el alcalde de Verín, Gerardo Seoane Fidalgo, por un presunto delito de prevaricación, tráfico de influencias y desviación de poder, en relación al cese de actividad de una empresa de mensajería que no contaba con la oportuna licencia. La denunciante, que en su día presidía la comunidad de vecinos del número 42 de la avenida de Laza, sostenía -apoyada por el exalcalde Juan Manuel Jiménez en sus acusaciones, aunque sin figurar expresamente éste en la denuncia- que Gerardo Seoane había prevaricado al permitir que el precinto del establecimiento que él mismo había ordenado tuviese lugar, en vez de a las seis de la tarde -hora en la que se presentó la pareja de la policía local para proceder al mismo-, con posterioridad al cierre de atención al público del local -pero ese mismo día- y después de que el empresario retirase la mercancía que en él tenía depositada.
"A Rabia é a desesperación que ten é moita porque sabe que levará ao seu partido ao peor resultado da historia na vila", dice Seoane Fidalgo de su rival político Jiménez Morán
Gerardo Seoane, pese a que la Fiscalía sí acabó presentando un par de querellas por presunta prevaricación en varias contrataciones a raíz de otra denuncia interpuesta por el portavoz del PP, Juan Manuel Jiménez, al entender que había indicios de delito en algunas formalizaciones de contratos de prestación de servicios que el socialista lleva haciendo desde junio de 2015, mantiene la tranquilidad y apunta que "isto no é máis que o froito da desesperación e a rabia que ten, que é moita, porque sabe que levará ao seu partido ao peor resultado da historia na vila", señala convencido, abundando en que "esas dúas querellas presentadas polo Fiscal terán o mesmo recorrido de todas as anteriores, o sobreseimento, porque non é de recibo que cando él era alcalde estas contratacións as poidese facer, como cando contrataba coa empresa do irmán dun dos seus concelleiros con adicación exclusiva, e agora que as fago eu, non se poidan levar a cabo", dijo Seoane Fidalgo.
