Las diligencias abiertas en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Verín después de que la Guardia Civil remitiese una denuncia poniendo en conocimiento de la autoridad judicial las presuntas irregularidades cometidas por Juan Manuel Jiménez Morán en su etapa de alcalde de Verín y de su teniente de alcalde, Enrique García -quien firmó por orden del anterior gran parte de los decretos de alcaldía que ahora se investigan-, han sido enviadas al juzgado de Instrucción número 2 de Badalona (Barcelona), el mismo desde el que el pasado 3 de julio de 2018 se ordenó la detención de más de medio centenar de personas, entre los que se encontraban varios alcaldes de otros tantos municipios por todo el territorio nacional.
Será precisamente ahora el titular del juzgado catalán el encargado de investigar todo el procedimiento de adjudicación del sistema de control de velocidad en la villa verinense a la entidad Bilbomática Veicar Verín, Unión Temporal de Empresas. La resolución de concesión de la actividad nombraba, paradójicamente, como representante de la misma a uno de los principales encausados en la Operación Enredadera, José Alberto Bueno Regodón.
La operación desmantelaba, en el mes de julio de 2018, una red que adjudicó irregularmente decenas de contratos para el control y la gestión del tráfico por todo el territorio nacional, con la empresas Bilbomática y sus socios, los hemanos Bueno Regodón, como tejedores de la misma. La investigación arrancó en julio de 2016 en el Ayuntamiento de Montgat (Barcelona). Entonces, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía halló indicios del supuesto amaño de contratos municipales para la instalación de radares de tráfico. Las pesquisas posteriores, dirigida por el Juzgado de Instrucción 2 de Badalona y la Fiscalía Anticorrupción, extendieron la investigación a toda España.
Solo en Madrid fueron registrados los Ayuntamientos de Alcobendas, Fuenlabrada, Majadahonda, Arroyomolinos, Villanueva de la Cañada, Pinto, Parla y Torrelodones. La policía también entró en los consistorios de Oviedo, Huesca, Teruel, Illescas (Toledo), Lérida, Mollet del Vallés y Tiana (ambos en Barcelona) además de en Plasencia (Cáceres), Palencia, Vélez-Málaga, Astorga y las localidades leonesas de San Andrés de Rabanedo y Villaquilambre. Los agentes realizaron requerimientos de información a la Diputación de Alicante y a los Ayuntamientos de Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubi, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, O Grove, Logroño, San Vicent del Raspeig y Vitoria. Verín se sumará ahora a la lista de investigados anterior.
