Resulta, cuando menos curioso o sorprendente, que haya sido el responsable inicial de un acto jurídico con gravosas consecuencias para las arcas municipales el que, en el día de hoy y en la cadena de la Conferencia Episcopal, COPE (Cadena de Ondas Populares Españolas), esgrima como argumento de su crítica a la gestión económica que realiza el grupo de Gobierno la sentencia -por él hecha pública- que condena al abono de una cantidad superior a los 300.000 mil euros a una mujer y sus dos hijas por la ocupación ilegal de unos terrenos ejecutada por el consistorio siendo Juan Manuel Jiménez Morán alcalde. Pero, lo cierto es que el Concello de Verín se enfrenta, en virtud de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de los de Ourense, fechada el pasado 27 de noviembre de 2020, a una indemnización substitutoria de 290.677,87 euros más el interés legal del dinero; a los propietarios de la totalidad de 5.425,49 metros cuadrados que fueron incorporados al patrimonio municipal sin respetar los preceptos legales -como así se ha reconocido en sede judicial- para, posteriormente y en un breve plazo de tiempo no superior a un año, levantar el edificio de las Artes Escénicas de Verín.
Entiende la jueza que los propietarios deberán ser indemnizados en la cantidad 66,06 euros por cada metro cuadrado que el Concello de Verín no pueda devolverle a los titulares -de los anteriores 5.425,49 únicamente 1.025,28 metros cuadrados podrán ser puestos a disposición de sus primeros tenedores antes de la ocupación ilegal de sus fincas-, que multiplicado por los 4.400,21 metros cuadrados ya edificados con la construcción del proyecto estrella de Juan Manuel Jiménez en su última legislatura al frente del consistorio verinense, asciende a más de los 290.677,87 euros cuando a estos se le aplique un tipo de interés equivalente al legal del dinero por cada año que los propietarios no pudieron disponer de sus terrenos.
Farragoso procedimiento con gravosas consecuencias
Para el común de los mortales, poco doctos en derecho urbanístico, la explicación a la cuantiosa indemnización se resume en los siguientes pasos. Juan Manuel Jiménez Morán decide construir un auditorio en las inmediaciones de Fontenova. Para tal fin, accede a unos terrenos, mediante la fórmula de ocupación directa y en virtud de un acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación municipal en sesión celebrada el 31 de marzo de 2014 -un año y dos meses antes de que perdiese las elecciones locales-.
Se inician las obras en el auditorio y, consecuentemente, concluyen con el resultado por todos conocido. Posteriormente a la recepción de la obra, una sentencia tumba ese acuerdo adoptado por la Corporación municipal, todavía en manos de Juan Manuel Jiménez. Más tarde, llega la anulación del plan urbanístico de ordenación municipal, que dejaría sin efectos los posibles aprovechamientos a los que los propietarios de los terrenos sobre los que se levantó el mamotreto tendrían derecho una vez se urbanizase el entorno del Centro das Artes Escénicas.
Como resultado de todo lo anterior, el actual grupo de Gobierno se enfrenta ahora a indemnizaciones millonarias a los propietarios de los terrenos en los que se ha edificado el auditorio municipal y entre los que se encuentran, curiosamente, la antigua empleada de un establecimiento comercial de la exmujer del anterior alcalde.
El Concello anuncia recurso
Fuentes municipales confirman que "como no puede ser de otra forma, porque es cosa juzgada y ya se había establecido una fórmula para indemnizar a todos titulares afectados que dista mucho de la recogida en esta sentencia que, por supuesto, recurriremos", afirman, dudando "de que la reclamante sea la verdadera propietaria de los terrenos aunque en el registro así figure".
Un abogado en todos los "saraos" urbanísticos
Antonio Feijóo Miranda es el letrado "killer" contra el Concello de Verín en materia urbanística. Ha conseguido, inicialmente y defendiendo a otros propietarios de terrenos del auditorio, lograr que la ocupación directa ejecutada por el Gobierno de Jiménez fuese calificada de no ajustada a Derecho con sentencia firme. Más tarde, aunque actuaba de manera simultánea porque el procedimiento era anterior, logró que el Tribunal Supremo tumbase el planeamiento urbanístico de 2012 que también había aprobado un Ejecutivo presidido por el popular Juan Manuel Jiménez. Ahora es, defendiendo los intereses de unos propietarios relacionados con el anterior regidor de manera indirecta, el que consigue otra sentencia desfavorable a los intereses de todos los verinenses.
