La pelota está en el tejado del Concello de Verín. El pasado 8 de febrero fue remitida al consistorio local la certificación de la sentencia de 18 de abril de 2018, del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que tiene carácter de firme, y por la que se obliga al grupo de Gobierno a ejecutarla haciendo efectivo lo dispuesto en el fallo de la anterior fecha, el mismo que había calificado la actuación del Ejecutivo que preside Gerardo Seoane como ajustada a Derecho en el momento en el que decidió anular el acuerdo por el que su antecesor, Juan Manuel Jiménez, había concedido una prórroga a la licencia de la casa de Carmen Pardo fuera de la ley. Así las cosas, la firmeza de ese fallo da la razón al equipo de Gerardo Seoane en el momento de dejar sin efectos la prórroga para la construcción de la obra que en su día otorgó el anterior alcalde, vía decreto de la alcaldía de fecha 19 de octubre de 2012 y que Seoane Fidalgo suspendió poco después de llegar al Concello.
El caso, de notable embrollo jurídico, se resume del siguiente modo. La que fuera mano derecha de Jiménez Morán en la alcaldía y, posteriormente máxima responsable de la Dirección Xeral de Turismo, inició los trámites para levantar una vivienda, para la cual solicitó la oportuna autorización administrativa. Desde los servicios urbanísticos y jurídicos del ayuntamiento, se le indicó la necesidad de llevar a cabo una reparcelación que ella misma discutió en los tribunales. Fue precisamente el Contencioso-Administrativo el que le dio la razón y obligó al Gobierno de Jiménez, por aquel entonces, a otorgar la licencia de obra con fecha 3 de abril de 2009. Sin embargo, la que fuera máximo exponente de la política turística de la Xunta retrasó hasta tal punto el inicio de las obras que debió solicitar una prórroga de las mismas prácticamente sin haber iniciado el grueso de la construcción. Esa prórroga se le concedió el 19 de octubre del 2012 -tres días después de haberla solicitado-, cuando ya el planeamiento urbanístico de la villa había sido anulado por el Tribunal Supremo y regían de nuevo las Normas Subsidiarias de 1986. Sin embargo, el Ejecutivo de Jiménez Morán entendió que sí procedía conceder esa prórroga para el levantamiento de su vivienda cuando ya estaban en vigor las referidas y anticuadas estipulaciones urbanísticas provinciales y el terreno sobre el que se pretendía edificar era ya, de nuevo, suelo rústico.
SIN DISCUSIÓN JURÍDICA ALGUNA
Así lo recogen claramente los tribunales en su fallo: "Se concedió la prórroga por decreto de 19 de octubre de 2012, y ahora se quiere anular por conculcar el artículo 197, porque la licencia es contraria a la normativa vigente en ese momento, en que por la anulación del plan general, el suelo pasa a ser suelo rústico. La prórroga, para ser concedida, ha de partirse de que la licencia ha de ser conforme a la legislación vigente en el momento en el que se concede la prórroga", algo que no ocurría en la fecha en la que el Gobierno de Juan Manuel Jiménez Morán decidió concederla.
" (...) La prórroga, para ser concedida, ha de partirse de que la licencia ha de ser conforme a la legislación vigente en el momento en el que se concede la prórroga", recogía el fallo, algo que no ocurría en la fecha en la que el Gobierno de Juan Manuel Jiménez Morán decidió concederla.
Gerardo Seoane tomó la determinación de suspender el acuerdo de su antecesor, decisión que motivó una nueva demanda por parte de la afectada que ahora acaba de ver como la firmeza de la sentencia sobre su recurso de apelación confirma en todos los términos la resolución del actual regidor.
CONSECUENCIAS INMEDIATAS
En virtud de la sentencia del fallo, sobre el que ya no cabe recurso, el Concello de Verín se halla ahora en una tesitura de difícil abordaje. La afectada posee una construcción que deberá ser derribada y que le habrá supuesto un importante desembolso económico, tanto en lo que a la construcción como a su demolición futura se refiere. Sin embargo, levantó la vivienda porque obtuvo de la Administración local la pertinente autorización para hacerlo, aunque la decisión hubiese sido tomada no ajustándose la misma a Derecho. Cabe pues la posibilidad de que la titular, Carmen Pardo López, acabe solicitando una indemnización por los perjuicios económicos ocasionados a su pecunio particular tras un acto administrativo no conforme a la Ley, como así ha quedado firmemente acreditado.
El alcalde, Gerardo Seoane, confirmó que ha solicitado al departamento de Secretaría y a los Servicios Jurídicos y de Urbanismo del Concello la oportuna información de los siguientes pasos a seguir tras la firmeza de este fallo, que confirma su decisión de anular aquella prórroga.
